Ahora resulta que en nombre de no se sabe qué extraños derechos
"sociales", se patea sin piedad la libertad del individuo... y nadie
en Europa dice nada. Yo creo que eso es lo que ha hecho reaccionar a los
británicos: para ellos, desde hace ochocientos años, para los franceses desde
hace más de doscientos y para nosotros, creo que nunca, los derechos del
individuo han estado por encima de todo lo demás. Parlamento, Gobierno o
Justicia existían por y para garantizarlos. Ahora parece que los derechos son
colectivos y los tienes, no por ser una persona sino por pertenecer a un grupo:
mujeres, inmigrantes, parados, minusválidos, catalanes, gays o desahuciados. Naturalmente
que nadie puede ser discriminado por pertenecer a ninguno de estos grupos,
faltaría más. Ni a estos ni a ningún otro. Pero eso no puede hacerse a base de
darles más o mejores derechos que a los demás. Algún imbécil inventó en su
momento la aberración jurídica de la “discriminación positiva”, y otros miles y
millones de imbéciles lo repitieron con alegría y con muy poca reflexión. La
discriminación es en sí misma negativa. Tiene el mismo sentido que la violación
cariñosa o que la humillación amble. Un oxímoron. Discriminar es dar mejores
derechos a unos que a otros, y si se los damos a un grupo, estamos
discriminando al resto.
Lo que quiero decir es que se OTORGAN derechos en función de la capacidad
de presión que cada uno tenga. O peor, por el "buenismo" de que el
Gobierno está para ayudar a los más necesitados, lo cual es totalmente falso,
pues al afirmar eso lo que se está justificando es la existencia del Poder en
la existencia de la necesidad. Y si no tiene necesitados, se inventan. Y no,
señores, el Poder es un Leviatán al que hay que tener vigilado. Lo dijo Hobbes,
no yo, y tenía toda la razón. Es como si el árbitro de un partido de fútbol
estuviera para favorecer al equipo que va peor en la liga o al que tenga más
lesionados. Más bien, a lo que debe dedicarse es a garantizar que todos cumplen
las reglas. El resultado es asunto de los dos equipos, de sus entrenadores, de
sus jugadores y de cómo jueguen. El problema es que, en mi opinión, los
derechos son inherentes al ser humano, sea cual sea su condición. Y no tiene
que otorgarlos nadie. Por eso no se puede legislar favoreciendo a nadie en
nombre de la discriminación centenaria que haya sufrido el grupo al que
pertenece, ni de memoria histórica alguna. Si determinamos que la mitad de una
lista electoral tiene que ser integrada por mujeres, estamos discriminando a
los hombres, pasara lo que pasara hace cien años. Cuando, por cierto, ni todos
los hombres tenían acceso a las listas electorales ni todas las mujeres estaban
discriminadas. Si determinamos que, solo los que tuvieran un abuelo en el bando
republicano, tienen derecho a cobrar del dinero de todos para buscar su cuerpo,
estamos discriminando a los que tuvieron un abuelo en el otro bando. Donde por
cierto, tampoco todos pudieron buscar el cuerpo de su abuelo. Si admitimos que
exista una concejalía de “LGTB”, que gaste nuestro dinero en atender los
supuestos problemas de lesbianas, gays transexuales y bisexuales, y si no los
tienen inventarlos, estamos discriminando, a base de favorecer a estos grupos,
a todo aquél cuyas filias sexuales no coincidan con las de ninguno de ellos. O
sencillamente, no quiera confesarlas en uso de su derecho a la intimidad. Por
ejemplo, a los que les gusta practicar el sexo en grupo, los intercambios o las orgías… o incluso a
las que solo les gusta dormir con su marido. Por decirlo más sencillamente,
estamos permitiendo que el Poder se inmiscuya en nuestras vidas privadas, las
manipule y las dirija. Pertenezcamos al grupo que pertenezcamos.
La pregunta es ¿Es más justo que una lista electoral deba incluir
obligatoriamente un cincuenta por ciento de mujeres y un cincuenta por ciento
de hombres; un tercio de hispanoamericanos y dos tercios de españoles, de
los cuáles deben ser un noventa por ciento peninsulares y el otro diez por
ciento insulares; un diez por ciento de musulmanes, otro diez de países del
este; un quince por ciento de desahuciados; un ocho por ciento de graduados
escolares; al menos un minusválido; y una mujer que haya sufrido malos tratos?
¿O que todos seamos iguales ante la Ley, todos electores y elegibles? Puede
parecer una exageración, pero si la justificación es la discriminación sufrida,
deberíamos pensar en los agotes, los gitanos, los quinquis, los maragatos, los
pasiegos o los vaqueiros de alzada… Eso sí ha sido discriminación ¿y?
Gonzalo Rodríguez-Jurado Saro